Santo Domingo.– La fiscalización del Estado dominicano entrará en una nueva etapa con la transformación de las Unidades de Auditoría Interna (UAI) en minicontralorías dentro de las instituciones públicas, medida anunciada por el contralor general de la República, Geraldo Espinosa.
La iniciativa busca fortalecer el control interno preventivo y garantizar una supervisión más eficiente del uso de los recursos públicos en las distintas entidades del Estado.
El anuncio fue realizado durante la presentación del Plan de Trabajo de Transformación de los Procesos Misionales de la Contraloría General de la República, desarrollada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Nuevas minicontralorías en instituciones públicas
Según explicó el funcionario, la transformación de las UAI permitirá ampliar sus funciones y convertirlas en unidades con mayor capacidad para supervisar los procesos administrativos y financieros en las instituciones públicas.
La medida forma parte de una estrategia orientada a mejorar los mecanismos de control interno y fortalecer la transparencia en la gestión pública.
Además, el contralor anunció la desconcentración de órdenes de pago relacionadas con servicios de bajo riesgo, como electricidad, agua potable, seguros, comunicaciones y recogida de basura.
De acuerdo con el plan, estas operaciones podrán ser validadas y aprobadas directamente por las Unidades de Auditoría Interna dentro de cada institución.
Buscan agilizar procesos y reducir burocracia
Las autoridades explicaron que esta decisión permitirá agilizar los procedimientos administrativos, reducir trámites burocráticos y evitar reprocesos en los pagos vinculados a servicios básicos.
El contralor también exhortó a las instituciones públicas a responder con rapidez a los requerimientos de las unidades de auditoría, con el propósito de corregir procesos y garantizar una gestión eficiente de los recursos estatales.
Fiscalización refuerza control de contratos públicos
Durante su intervención, Espinosa recordó que todos los procesos de compras, servicios y obras deben realizarse a través del sistema electrónico de la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Asimismo, indicó que los contratos derivados de estos procesos deben registrarse obligatoriamente en el Sistema TRE Contratos de la Contraloría.
El funcionario advirtió que las instituciones incluidas en el ámbito de la Ley 10-07 del Sistema Nacional de Control Interno no deben ejecutar ni recibir contratos sin que la Contraloría haya emitido previamente los certificados de aprobación correspondientes.
Supervisión y fortalecimiento institucional
Espinosa también alertó sobre la gestión contractual dentro del Estado, señalando que no existen renovaciones automáticas de contratos y que cualquier modificación debe ajustarse a los límites establecidos por la legislación vigente.
De igual forma, informó sobre la intención de incorporar auditores especializados en áreas estratégicas, como la seguridad social, para reforzar la supervisión de los recursos públicos.
La actividad se desarrolló en dos jornadas de trabajo que reunieron a más de mil participantes cada una, incluyendo auditores, abogados, supervisores y técnicos de las Unidades de Auditoría Interna instaladas en diferentes entidades gubernamentales.
También participaron directores administrativos y financieros, responsables de contabilidad, encargados de compras y representantes de áreas jurídicas de diversas instituciones del Estado.
Durante el encuentro se realizaron jornadas de capacitación sobre control interno y un panel de discusión dedicado al nuevo informe anual de control interno, con la participación de especialistas de la Contraloría General de la República.
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