Santo Domingo.- El Consejo Nacional de Migración tomó por unanimidad varias medidas de acuerdo con la normativa migratoria de República Dominicana durante una reunión donde estuvo presente el presidente Luis Abinader en el salón Los Trinitarios del Palacio Nacional.
Las empresas o empleadores tienen un plazo de tres (3) meses para regular a sus trabajadores extranjeros de acuerdo con la Ley N ° 285-04 y su Ordenanza de Aplicación N ° 631-11.
Después del plazo establecido anteriormente, cualquier empresa o empleador que requiera servicios laborales de extranjeros debe contratarlos de acuerdo con las disposiciones legales del Reglamento de Migración y Trabajo de la República Dominicana. Para ello, deberán adherirse a los procedimientos y requisitos establecidos para estos fines en las leyes y ordenanzas antes mencionadas.
Asimismo, una vez vencido el plazo de compensación, se deberá implementar el régimen de sanciones aplicable a empresas y empleadores, de acuerdo con el artículo 132 de la Ley General de Migración, que prevé sanciones de multa que oscilan entre cinco (5) y treinta (30). salario mínimo a quienes contraten o proporcionen trabajo a extranjeros que sean ilegales o no estén autorizados a trabajar en el país.
El Ministerio del Interior y la Policía es el que coordinará con el Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección General de Trabajo de este último, el control y respeto de los artículos 135 al 140 del Código de Trabajo de la República Dominicana, que establecen la proporcionalidad de los trabajadores extranjeros contratados por una empresa o un empleador.
El Estado dominicano tomará todas las medidas necesarias, de conformidad con la ley, para evitar el ingreso a la República Dominicana de cualquier ciudadano de nacionalidad extranjera que implique una carga irrazonable para las finanzas públicas, incluidas las mujeres que se encuentran en estado de gestación. hasta o después de seis meses.
En conclusión, dijo que el gobierno se ha comprometido a cambiar esta situación ya que no es posible continuar una práctica que amenaza las posibilidades de desarrollo real de todo el pueblo dominicano.
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