La justicia para las víctimas de la tragedia ocurrida en el centro nocturno Jet Set volvió a ser tema central en el debate público, luego de que la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmara que las familias afectadas tienen derecho a recibir una respuesta judicial en un tiempo razonable.
Al cumplirse un año del colapso del techo del establecimiento, que dejó 236 personas fallecidas y más de un centenar de heridos, la magistrada aseguró que el Ministerio Público tiene la obligación constitucional de velar por los derechos de las víctimas y evitar retrasos innecesarios en el proceso judicial.
En nota de prensa la procuradora indicó que cerca de 400 víctimas directas, entre muertos y lesionados, así como sus familiares y la sociedad dominicana, esperan que el sistema judicial actúe con transparencia y celeridad.
“El dolor que dejó esta tragedia impacta a miles de personas. El sistema de justicia debe responder a ese clamor y evitar que se utilicen mecanismos procesales para retrasar el conocimiento del fondo del caso”, sostuvo.
Justicia para las víctimas del caso Jet Set
Reynoso recordó que este proceso judicial mantiene la atención de gran parte de la población dominicana, debido al impacto humano y social que generó la tragedia.
La titular del Ministerio Público enfatizó que el acceso a una justicia pronta y efectiva forma parte del derecho fundamental de las víctimas, quienes merecen conocer la verdad de lo ocurrido y obtener reparación.
En ese sentido, afirmó que el debido proceso no debe interpretarse como un privilegio exclusivo de los imputados, sino como una garantía que protege también a quienes resultaron afectados.
“Así como el proceso protege la presunción de inocencia, también garantiza el derecho de las víctimas a que el caso sea conocido sin dilaciones indebidas”, explicó.
Ministerio Público rechaza contraperitaje solicitado por la defensa
La nota de prensa indica que durante sus declaraciones, la procuradora cuestionó la solicitud de contraperitaje presentada por la defensa de los imputados, al considerarla innecesaria desde el punto de vista técnico y jurídico.
Según explicó, el expediente presentado por el Ministerio Público contiene evidencias suficientes que apuntan a fallas estructurales en la edificación, las cuales habrían sido conocidas por los propietarios del establecimiento.
De acuerdo con las investigaciones, el techo del edificio habría sido sometido a una sobrecarga para la cual no estaba diseñado, situación que, según el órgano acusador, provocó su colapso.
Los imputados en el proceso son Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat, señalados como responsables de las condiciones estructurales del local.
Chats revelarían advertencias previas al colapso
La procuradora sostuvo que las evidencias recopiladas incluyen conversaciones entre los acusados, en las que se advertían problemas con la estructura del techo.
Según las investigaciones, incluso el mismo día del incidente habría existido la posibilidad de evacuar el local aproximadamente 49 minutos antes del desplome, lo que pudo haber evitado la magnitud de la tragedia.
Para el Ministerio Público, estos elementos refuerzan la hipótesis de que el evento pudo ser previsible y evitable.
Señales estructurales habrían sido ignoradas
Reynoso también cuestionó los argumentos que plantean la posibilidad de un explosivo como causa del colapso, señalando que no existen indicios técnicos que respalden esa teoría.
De acuerdo con la funcionaria, la ingeniería forense establece que cuando una estructura presenta signos evidentes de fatiga o deterioro, la causa principal del colapso suele relacionarse con la falta de medidas preventivas oportunas.
Por ello, consideró innecesarios estudios adicionales como análisis de explosivos o pruebas geofísicas profundas, al entender que las evidencias ya apuntan a fallas estructurales detectadas previamente.
Compromiso del Ministerio Público con el proceso
La procuradora reiteró que el Ministerio Público continuará trabajando para garantizar que el proceso avance dentro del marco legal y que las víctimas obtengan una decisión judicial.
Asimismo, aseguró que el órgano persecutor se mantendrá vigilante ante cualquier intento de desviar el caso hacia teorías que no estén respaldadas por pruebas científicas o técnicas.
“El Ministerio Público reafirma su compromiso de actuar con responsabilidad y garantizar que las víctimas reciban la respuesta judicial que esperan”, concluyó.
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