Santo Domingo.- Las leyes para controlar la venta, entrega y consumo de bebidas alcohólicas serían muy perjudiciales para la actividad económica y la creación de empleo, según la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD).
Cuando la AIRD rechazó un proyecto de ley sobre el tema que circulaba en el Congreso Nacional, indicó que tal marco legal generaría confusión y duplicaría roles institucionales en la lucha contra las bebidas alcohólicas ilegales.
Los sindicatos de industriales han asegurado que existen mecanismos para controlar efectivamente la venta y consumo de bebidas alcohólicas, sin necesidad de crear una ley como la mencionada anteriormente.
Entre estos mecanismos legales, citó las Leyes 17-19 sobre Eliminación del Tráfico Ilícito; 63-17 sobre movilidad, transporte terrestre, tráfico y seguridad vial y 136-03, que prescribe el código para la protección de los derechos de la niñez y la juventud.
Así mismo la Ley General 358-05 para la protección de los derechos del consumidor o usuario y la Ordenanza Tributaria (implementada por DGII y DGA) entre otras.
“La rehabilitación económica que está exhibiendo el país ligeramente comienza y debe nutrirse para fortalecerse. El proyecto de ley para controlar la venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas son un obstáculo para esta recuperación, especialmente en términos de empleo ”, advirtió la AIRD.
Sostuvo que introducir restricciones y restricciones a las actividades comerciales mediante la imposición de licencias obligatorias a las micro, pequeñas y medianas empresas (especialmente las más de 60.000 tiendas de abarrotes y puntos de venta de bebidas alcohólicas) en la situación actual del país sería contraproducente, ya que aumentan los costos operativos y obligan a muchas empresas a cerrar sus puertas.
Incentivo al comercio ilegal
La AIRD señaló que estas licencias incentivan el comercio ilícito de alcohol, como ha sido la experiencia en otros países de la región, penalizando a quienes acatan la ley y dando ventajas al comercio ilícito para que continúe en detrimento del consumidor. productores, importadores e ingresos públicos.
“Es, por tanto, un incentivo que puede verse como perverso, aunque hay que dejar claro que esa no es la intención del legislador”, dijo.
Recordó que a raíz de la promulgación de la Ley 17-19 de Eliminación del Tráfico Ilícito, se implementó un plan de trabajo, que la Fiscalía General de la República ha avaluado, para que ante la aprobación de un reglamento y fiscalización de ilegales alcohol es necesario que para fortalecer los planes elaborados por el gobierno central y previstos en la legislación antes mencionada.
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