Santo Domingo.- El Banco de Reservas rechazó la solicitud de embargo presentada contra las cuentas de la Junta Central Electoral (JCE), al considerar que la legislación vigente impide inmovilizar fondos públicos cuando no existe una sentencia definitiva. Paralelamente, el órgano electoral informó que presentó un recurso de apelación dentro del proceso judicial que mantiene con la empresa Latin Events.
El Banco de Reservas sustentó su decisión en la Ley 86-11 y en la sentencia TC/0048/15 del Tribunal Constitucional, disposiciones que establecen que las entidades de intermediación financiera no pueden ejecutar embargos sobre recursos públicos, salvo cuando exista una decisión judicial con carácter definitivo.
En este caso, el intento de embargo del cuentas bancarias se fundamentaba en un auto judicial y no en una sentencia firme, por lo que, según el marco legal aplicable, no procedía la inmovilización de los fondos de la institución electoral.
Banco fundamenta rechazo en legislación vigente
La Junta Central Electoral explicó que el recurso de apelación fue interpuesto el 16 de julio de 2026, mediante el cual emplazó a la sociedad comercial Latin Events, LLC para comparecer ante la Cámara de lo Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
La acción busca revisar el auto emitido el 29 de junio de 2026 por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que acogió una solicitud de homologación de una sentencia extranjera promovida por la empresa demandante.
JCE sostiene que no autorizó los servicios reclamados
La institución electoral reiteró que no existe documentación que evidencie la aprobación del Pleno de la JCE ni la autorización de su presidente para contratar los presuntos servicios que Latin Events afirma haber prestado.
Según el organismo, ese aspecto constituye un elemento esencial dentro del proceso judicial, debido a que involucra el cumplimiento de las normas sobre contratación pública y la correcta administración de los recursos del Estado.
Asimismo, indicó que presentará los argumentos y pruebas correspondientes ante los tribunales para demostrar que nunca asumió la obligación económica reclamada por la empresa.
La Junta Central Electoral aseguró que continuará defendiendo sus actuaciones en las instancias judiciales competentes con el propósito de salvaguardar la legalidad de los procedimientos administrativos y garantizar el uso adecuado de los fondos públicos.
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