Santo Domingo, RD. – La inteligencia artificial gana espacio en el sistema de justicia, pero su incorporación requiere criterios éticos, supervisión y protección de los derechos de las personas. Bajo esta premisa, la Procuraduría General de la República (PGR), con el respaldo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), desarrolló una capacitación dirigida a integrantes del Ministerio Público y del Poder Judicial.
El proceso formativo, denominado “Uso ético y con perspectiva de género de la Inteligencia Artificial en la función judicial”, fue realizado en el Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP), con la participación de especialistas del Observatorio de Datos con Perspectiva de Género (DataGénero).
La iniciativa se desarrolló como parte del proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho en América Central y el Caribe, fase III (FEDACC III), ejecutado por la GIZ, que contempla asistencia técnica a instituciones del sector justicia y acciones destinadas a mejorar el acceso a la justicia de grupos en situación de vulnerabilidad.
Inteligencia artificial con responsabilidad en la justicia
Durante la actividad, la procuradora general de corte de apelación Ana Andrea Villa Camacho, titular de la Dirección Nacional contra la Violencia de Género, resaltó la necesidad de que los operadores del sistema judicial comprendan tanto las posibilidades que ofrecen estas herramientas de inteligencia artificial como los riesgos asociados a su utilización.
Villa Camacho señaló que el tema adquiere especial importancia cuando las tecnologías son empleadas en procesos que involucran información sensible y situaciones que pueden afectar directamente los derechos fundamentales de las personas.
“La inteligencia artificial puede ser una herramienta de apoyo, pero nunca debemos perder de vista que el criterio jurídico, la responsabilidad institucional y el componente humano deben estar siempre presentes en las decisiones que tomamos”, expresó la funcionaria.
La capacitación en inteligencia artificial surgió a partir del trabajo conjunto entre el Ministerio Público y la cooperación alemana para establecer criterios que permitan incorporar estas tecnologías en la administración de justicia de manera transparente, segura y responsable.
Ética, datos y protección de derechos
El programa abordó diferentes aspectos relacionados con la utilización de herramientas de inteligencia artificial dentro del ámbito judicial.
Entre los contenidos tratados estuvieron las diferencias entre la IA tradicional y la IA generativa, el papel de los datos en el funcionamiento de estos sistemas y los principios éticos que deben considerarse al utilizarlos.
También se analizaron mecanismos para identificar posibles sesgos algorítmicos, así como herramientas de supervisión humana, auditoría y rendición de cuentas.
La jornada incluyó además contenidos relacionados con seguridad de la información, protección de datos personales, explicabilidad de los sistemas, anonimización y manejo responsable de información vinculada a procesos judiciales.
Tecnología para mejorar la respuesta ante la violencia de género
Villa Camacho destacó que estos conocimientos resultan especialmente relevantes para los profesionales que participan en la prevención, investigación y persecución de la violencia de género y los delitos sexuales.
La funcionaria explicó que las instituciones tienen la responsabilidad de utilizar los recursos tecnológicos disponibles para ofrecer respuestas oportunas, sin dejar de garantizar el respeto a los derechos de las víctimas.
En ese contexto, sostuvo que la innovación tecnológica puede contribuir a disminuir desigualdades y mejorar la respuesta institucional, siempre que las personas encargadas de utilizar estas herramientas dispongan de la preparación necesaria para hacerlo de manera adecuada.
Cooperación internacional fortalece la formación judicial
La apertura de la jornada contó con la participación de Andreas Forer, director del proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho en América Central y el Caribe, fase III, y de Martha C. Díaz, presidenta de la Comisión Permanente de Género y Acceso de la Cumbre Judicial Iberoamericana.
Villa Camacho agradeció a la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) y a DataGénero por contribuir al desarrollo de este espacio de capacitación e intercambio entre integrantes del Ministerio Público y del Poder Judicial.
La actividad forma parte de las acciones regionales de FEDACC III, programa que trabaja con instituciones de República Dominicana, El Salvador, Honduras y Guatemala para contribuir al fortalecimiento de las estructuras vinculadas al Estado de derecho.
Como parte de sus acciones relacionadas con la inteligencia artificial, el proyecto contempla un diagnóstico regional destinado a identificar cómo las instituciones de justicia están utilizando estas herramientas, además de determinar las principales necesidades, oportunidades y desafíos que enfrenta el sector.
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