Santo Domingo, RD. – La Contraloría General de la República (CGR) intensificó la fiscalización de alquileres y arrendamientos de inmuebles utilizados por instituciones públicas, al inspeccionar 337 propiedades entre marzo y agosto de 2026. De ese total, 328 recibieron autorización de no objeción luego de las evaluaciones técnicas correspondientes.
El proceso incluyó contratos cuyo valor conjunto supera los RD$2,011.9 millones y US$33.5 millones, de acuerdo con las informaciones ofrecidas por el contralor general de la República, Geraldo Espinosa.
Las inspecciones forman parte del control previo aplicado a este tipo de contrataciones y buscan determinar, mediante verificaciones sobre el terreno, si los inmuebles propuestos responden a las necesidades de las instituciones estatales y reúnen las condiciones requeridas para su utilización.
Alquileres bajo fiscalización técnica
Durante el período evaluado, el Departamento de Ingeniería y Arquitectura de la Contraloría inspeccionó 243 inmuebles y emitió 236 autorizaciones de no objeción.
A estos resultados se suman las evaluaciones realizadas por la Dirección de Unidades de Auditoría Interna Gubernamental, que revisó 94 propiedades y autorizó 92 de ellas.
En total, la institución recibió 351 solicitudes de inspección entre marzo y agosto. De estas, 337 habían sido procesadas al cierre del período, mientras que las 14 restantes permanecían pendientes de evaluación o estaban programadas para ser inspeccionadas.
Según explicó Espinosa, la revisión técnica permite agregar elementos objetivos al proceso de contratación y contribuir a que los recursos destinados al arrendamiento de propiedades estatales sean utilizados de manera racional.
Verificación de las condiciones de los inmuebles
Las evaluaciones realizadas por los equipos técnicos tienen entre sus objetivos comprobar la ubicación, características y condiciones físicas de los inmuebles que serán ocupados por organismos del Estado.
El contralor destacó que la inspección en el lugar permite establecer si existe correspondencia entre las características del inmueble solicitado por una institución y las necesidades que motivan la contratación.
“Cada inmueble que el Estado alquila debe responder a una necesidad real y reunir las condiciones que justifiquen su contratación”, señaló Espinosa, al explicar la importancia de las verificaciones antes de asumir o extender compromisos contractuales.
Las revisiones abarcan tanto nuevas contrataciones como procesos relacionados con renovaciones de contratos existentes, lo que permite mantener el control sobre compromisos que continúan vigentes.
Oficinas, almacenes y centros educativos
Entre las propiedades examinadas durante estos cinco meses predominan los inmuebles destinados al funcionamiento de oficinas públicas, seguidos por almacenes y espacios para estacionamiento.
El proceso de fiscalización también contempla establecimientos educativos privados que son utilizados por el Estado para impartir docencia a estudiantes pertenecientes al sistema público.
La diversidad de inmuebles evaluados refleja la variedad de necesidades que tienen las instituciones gubernamentales para desarrollar sus operaciones en distintas localidades del país.
Mayor concentración de contratos en Santo Domingo
Aunque las inspecciones tienen alcance nacional, los contratos con mayores montos económicos se concentran principalmente en el Gran Santo Domingo.
El reporte de la Contraloría también registra evaluaciones en provincias como Santiago, San Cristóbal, Puerto Plata, Barahona, Duarte, Azua, San Pedro de Macorís y Samaná, además de otras demarcaciones.
La distribución geográfica de las inspecciones permite aplicar el control técnico a inmuebles utilizados por instituciones estatales independientemente de la localidad donde se encuentren.
Ministerio de la Mujer entre las instituciones con más solicitudes
El Ministerio de la Mujer figura entre las instituciones con mayor cantidad de solicitudes de inspección durante el período analizado.
La entidad presentó 56 requerimientos, principalmente relacionados con inmuebles destinados a casas de acogida y oficinas institucionales. De ese total, la Contraloría había realizado 39 inspecciones al cierre del período.
Estos procesos permiten verificar que las propiedades seleccionadas sean adecuadas para las funciones específicas que desarrollarán, especialmente cuando se trata de instalaciones destinadas a servicios institucionales especializados.
Control previo para proteger los recursos públicos
La Contraloría sostiene que la fiscalización de los arrendamientos estatales procura que las decisiones administrativas estén respaldadas por evaluaciones técnicas antes de que se formalicen o extiendan determinados compromisos.
Espinosa afirmó que el objetivo es que el control no se limite al cumplimiento de un requisito burocrático, sino que funcione como una herramienta preventiva para mejorar el manejo de los recursos y bienes públicos.
“Nuestro propósito es que el control no sea simplemente un trámite. Debe servir para prevenir, ordenar y ofrecer mayores garantías del manejo pulcro de los bienes del Estado”, puntualizó el funcionario.
Inspecciones son obligatorias desde marzo
La Contraloría informó que estas inspecciones tienen carácter obligatorio desde el 1 de marzo de 2026, conforme a las disposiciones de la institución relacionadas con la fiscalización de alquileres y arrendamientos estatales.
La medida fortalece el control previo aplicado a este tipo de operaciones y proporciona información técnica que puede ser utilizada por las instituciones públicas al momento de decidir sobre la contratación o renovación de inmuebles.
Con este mecanismo, la Contraloría busca que los compromisos relacionados con propiedades alquiladas por el Estado estén sustentados en una evaluación de sus condiciones y en la existencia de una necesidad institucional que justifique el gasto.
Be the first to comment