La amnistía fiscal propuesta por el Gobierno dominicano forma parte de un proyecto de ley que será sometido al Congreso Nacional con el objetivo de generar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales para enfrentar los efectos de la crisis económica internacional y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Los detalles de la iniciativa fueron presentados por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, quien explicó que el plan contempla medidas relacionadas con crecimiento económico, simplificación tributaria, reducción de la evasión fiscal y equilibrio de las cuentas públicas.
Según las autoridades, la propuesta de amnistía busca mantener la estabilidad macroeconómica, asegurar recursos para la inversión pública y preservar los programas sociales dirigidos a los sectores más vulnerables.
Amnistía y cambios tributarios
Entre las disposiciones incluidas en el proyecto figura una amnistía tributaria para facilitar la regularización de obligaciones fiscales pendientes.
Asimismo, se establece una sobretasa temporal de tres puntos porcentuales al Impuesto sobre la Renta (ISR) empresarial para grandes contribuyentes con ingresos superiores a RD$1,000 millones anuales. De aprobarse, la tasa pasaría de 27 % a 30 % durante un período de tres años.
La medida de amnistía fiscal, alcanzaría a poco más de 1,000 empresas de un universo de aproximadamente 140,000 compañías que presentaron declaraciones del ISR durante 2025.
El proyecto también contempla un ajuste al impuesto sobre cheques y transferencias electrónicas, que aumentaría de 0.15 % a 0.20 %, así como nuevos gravámenes para cigarrillos electrónicos, vapeadores, casinos y juegos de azar.
Además, se propone incrementar en diez dólares el impuesto aplicado a los boletos de transporte aéreo.
Beneficios para trabajadores y familias
La iniciativa incluye medidas dirigidas a personas físicas y familias de ingresos medios.
Entre ellas figura la actualización por inflación del mínimo exento del Impuesto sobre la Renta personal, que pasaría de RD$34,685 a RD$39,900 mensuales.
También se plantea aumentar la deducción por gastos educativos del 25 % al 30 %, porcentaje que podría alcanzar el 50 % cuando los desembolsos estén relacionados con personas con discapacidad o trastornos del neurodesarrollo.
Estas disposiciones entrarían en vigencia a partir de enero de 2027, según la propuesta gubernamental.
Eliminación de anticipos para microempresas
Uno de los puntos más relevantes para el sector empresarial es la eliminación del anticipo del impuesto para las microempresas.
En el caso de las pequeñas empresas, los pagos pasarían de doce cuotas anuales a tres durante el año.
Asimismo, el sector agropecuario quedaría exento tanto del anticipo como del impuesto a los activos, medida que busca reducir cargas administrativas y tributarias para las actividades productivas.
El proyecto también contempla la eliminación gradual de varios impuestos considerados obsoletos por las autoridades, incluyendo gravámenes relacionados con hipotecas, fósforos, estampillas, constitución de compañías y determinados seguros de vida.
Medidas contra la evasión fiscal
La propuesta incorpora mecanismos para mejorar el control tributario y reducir la evasión.
Entre las medidas planteadas se encuentran mayores controles en importaciones realizadas por contribuyentes informales, ampliación de retenciones del ISR en sectores específicos y sistemas de trazabilidad para bebidas alcohólicas, cigarrillos y combustibles.
También se establece la participación del Ministerio de Hacienda en decisiones relacionadas con incentivos fiscales, con el propósito de fortalecer los mecanismos de supervisión.
Gobierno destaca control del gasto público
Durante la presentación, las autoridades indicaron que el Estado continuará aplicando medidas de control y racionalización del gasto.
Según los datos ofrecidos, el gasto corriente registró una reducción equivalente al 0.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) durante 2025, mientras que la inversión de capital mantuvo un comportamiento ascendente.
El Gobierno también señaló que los niveles de gasto en publicidad oficial se encuentran entre los más bajos de los últimos años y destacó el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal, factor que habría contribuido a mejorar las condiciones de financiamiento del país en los mercados internacionales.
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