Santo Domingo, República Dominicana. – La Contraloría General de la República (CGR) puso en marcha un nuevo mecanismo institucional para fortalecer los procesos de auditoría, mediante la socialización de los informes preliminares con las máximas autoridades de las instituciones auditadas y sus equipos directivos.
La medida busca garantizar que los funcionarios conozcan de manera directa los hallazgos detectados y tengan la oportunidad de presentar evidencias documentales o argumentos técnicos de defensa dentro de un plazo de 12 días calendario.
El contralor general de la República, Geraldo Espinosa, explicó que este procedimiento se aplicará sin importar el período evaluado ni el tipo de auditoría realizada, permitiendo que los titulares de las instituciones y los funcionarios vinculados a los procesos examinados participen activamente en la revisión de los informes preliminares.
Auditoría preliminar se discute directamente con autoridades institucionales
Como parte de la implementación de este nuevo esquema de auditoría, el contralor y su equipo técnico sostuvieron un encuentro de trabajo con la dirección del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape).
Durante la reunión se analizó el informe preliminar correspondiente a la auditoría interna realizada al período comprendido entre agosto de 2020 y agosto de 2024.
De igual manera, la Contraloría informó que también fue discutido el informe preliminar de la auditoría practicada al Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), siguiendo el mismo modelo de presentación directa y apertura al proceso de descargo institucional.
Nuevo proceso de auditoría busca mayor transparencia y derecho a defensa
La institución explicó que estas reuniones forman parte de una agenda de trabajo que continuará desarrollándose con diversas entidades del Estado para institucionalizar este procedimiento dentro del ciclo ordinario de auditoría.
Con esta disposición, la Contraloría procura consolidar un modelo de control más participativo, preventivo y garantista que fortalezca el derecho a la defensa de las entidades auditadas.
Asimismo, se busca elevar la calidad técnica de los informes finales y reducir la posibilidad de que posteriormente se alegue desconocimiento de los hallazgos o conclusiones emitidas por el órgano rector del control interno.
Auditoría participativa fortalece la gestión pública
De acuerdo con la entidad, este mecanismo también contribuye a reforzar la seguridad jurídica, la transparencia y la credibilidad de los procesos de auditoría, al asegurar que las conclusiones finales se basen en información contrastada y debatida en el ámbito técnico.
Además, permite que las instituciones identifiquen oportunamente debilidades administrativas, corrijan fallas en los controles internos y adopten medidas preventivas antes de la emisión definitiva de los informes.
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