La propuesta de reforma al Código de Trabajo aprobada en primera lectura por la Cámara de Diputados recibió cuestionamientos de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, entidad que expresó preocupación por el impacto que tendría sobre emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas.
La organización empresarial consideró que la reforma deja fuera medidas orientadas a flexibilizar cargas regulatorias y económicas, elementos que, según indicó, son necesarios para promover la formalización de negocios, la inversión y la sostenibilidad de las mipymes en República Dominicana.
Reforma y regulación laboral
La entidad señaló que uno de los puntos omitidos en el proyecto es la alineación de la clasificación oficial de mipymes con los parámetros establecidos en la Ley 488-08, aspecto que había sido incluido en la versión aprobada previamente por el Senado.
Además, indicó que el proyecto plantea un esquema de multas laborales que consideran desproporcionado para las micro, pequeñas y medianas empresas.
ANJE también expresó preocupación por las disposiciones relacionadas con el teletrabajo, al considerar que el modelo regulatorio planteado podría dificultar la creación de empleos formales bajo esa modalidad.
Llamado a revisión del proyecto
La organización sostuvo que la segunda lectura en la Cámara de Diputados representa una oportunidad para introducir ajustes técnicos y revisar aspectos relacionados con competitividad, seguridad jurídica y sostenibilidad empresarial.
En ese contexto, respaldó el llamado al diálogo realizado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada y otras entidades del sector privado.
El presidente de ANJE, Boris de León Reyes, afirmó que la discusión de la reforma representa una decisión importante para el desarrollo económico del país.
Código de Trabajo y mercado laboral
La organización reconoció la necesidad de modernizar el Código de Trabajo para adaptarlo a las transformaciones del mercado laboral, los avances tecnológicos y los desafíos relacionados con la formalización de empleos.
Sin embargo, sostuvo que cualquier modificación legislativa debe tomar en cuenta la productividad, la competitividad y las condiciones necesarias para la generación de empleos de calidad en República Dominicana.
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