La Autopista del Ámbar se coloca en el centro de atención tras la decisión del presidente Luis Abinader de crear un mecanismo de supervisión ciudadana para su proceso de licitación.
A través del Decreto 298-26, el mandatario dispuso la conformación de una comisión de veeduría encargada de dar seguimiento al proyecto de la Autopista del Ámbar que conectará la Circunvalación Norte de Santiago con la vía Puerto Plata–Sosúa, una obra clave para la movilidad y el desarrollo económico del país.
Supervisión ciudadana para garantizar transparencia
La comisión estará integrada por figuras reconocidas como el obispo Jesús Castro Marte, junto a Franklin Báez Brugal, Pedro Silverio y José Radhamés García González.
Este equipo tendrá la responsabilidad de observar, monitorear y dar seguimiento al proceso de licitación de la Autopista del Ámbar, sin intervenir directamente en las decisiones técnicas o administrativas.
Un proyecto clave para la conectividad
La medida, oficializada el 1 de mayo de 2026 en Santo Domingo, busca reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en una obra considerada estratégica para la infraestructura nacional.
El proyecto de la Autopista del Ámbar pretende mejorar la conexión entre el Cibao y la costa norte, facilitando el transporte y dinamizando sectores productivos.
Funciones y alcance de la comisión
De acuerdo con lo establecido en el decreto, la comisión podrá recibir denuncias, observaciones y sugerencias tanto de ciudadanos como de empresas y organizaciones vinculadas al proceso.
Asimismo, tendrá la facultad de elaborar informes de seguimiento que podrán incorporarse al expediente administrativo de la licitación, aportando mayor control y vigilancia al proceso.
Las instituciones involucradas, como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el Fideicomiso RD Vial, deberán facilitar el acceso a la información requerida, conforme a las normativas vigentes.
Carácter observador y compromiso ético
El documento también establece que la comisión tendrá un rol estrictamente observador, sin interferir en las funciones del comité de compras ni en la evaluación de las propuestas presentadas.
Además, sus integrantes deberán firmar un compromiso ético que garantice su independencia, la ausencia de conflictos de interés y el manejo confidencial de la información.
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