Santo Domingo.– Las compras públicas destinadas a la adquisición de alimentos se consolidaron como uno de los principales instrumentos del Estado dominicano para fortalecer la seguridad alimentaria y contribuir al reconocimiento otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que certificó la salida de República Dominicana del mapa del hambre al reducir la prevalencia de desnutrición por debajo del 2.5 %.
La información fue destacada por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), entidad que informó que entre el 18 de agosto de 2020 y el 30 de junio de 2026 el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas movilizó RD$342,836,617,298.16 en compras de alimentos mediante el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), recursos destinados a garantizar el abastecimiento de programas sociales en todo el territorio nacional.
El director general de la DGCP, Carlos Pimentel, afirmó que el reconocimiento internacional otorgado por la FAO responde a una política pública sostenida en la que han participado instituciones del Estado, productores agropecuarios y diversos sectores de la sociedad, permitiendo consolidar un modelo que combina el fortalecimiento de la producción nacional con el acceso de la población a alimentos.
Según explicó, el sistema de contrataciones públicas ha sido una pieza clave dentro de esa estrategia al convertir el poder de compra del Estado en un mecanismo de apoyo tanto a los programas de asistencia social como al desarrollo del sector agroalimentario dominicano.
Compras públicas movilizaron más de RD$342 mil millones en alimentos
De acuerdo con los datos ofrecidos por la institución, durante el período analizado se realizaron 277 procesos de contratación ejecutados por 14 entidades públicas vinculadas a la alimentación escolar, la asistencia social, los hospitales y la atención integral a la primera infancia.
La inversión convirtió al Estado en uno de los principales compradores de alimentos del país, abasteciendo diariamente escuelas, hospitales, comedores económicos, centros infantiles y programas dirigidos a poblaciones vulnerables.
Las estadísticas indican que cinco instituciones concentraron el 99.79 % del monto invertido en este segmento. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) encabezó la lista al representar el 85.73 % de las adquisiciones.
Le siguieron la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), el antiguo Plan de Asistencia Social de la Presidencia, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) y el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), entidades responsables de ejecutar programas de distribución de alimentos y apoyo nutricional.
Las adquisiciones fortalecieron la producción nacional y las MIPYMES
La DGCP resaltó que la totalidad de las adjudicaciones fue otorgada a empresas nacionales, fortaleciendo el aparato productivo y respaldando la política de desarrollo económico establecida en la Ley 47-25 sobre Contrataciones Públicas.
Asimismo, el informe señala que el 74.9 % de las adjudicaciones favoreció a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), consolidando el mercado público como una fuente importante de oportunidades para productores locales, cooperativas agropecuarias, asociaciones rurales y pequeñas agroindustrias.
Otro aspecto destacado fue la participación de empresas lideradas por mujeres. El documento precisa que el 40.12 % de las adjudicaciones correspondió a empresas dirigidas por mujeres, mientras que el 33.4 % fue otorgado específicamente a MIPYMES encabezadas por emprendedoras, reflejando avances en materia de inclusión económica y equidad de género dentro del sistema de compras públicas.
Competencia y transparencia marcaron los procesos de contratación
La institución informó que durante los 277 procesos participaron 4,677 proveedores, quienes presentaron un total de 19,870 ofertas, de un universo superior a 19 mil proveedores registrados en el sector agroalimentario.
Como resultado de esos procesos fueron adjudicados 754 proveedores, con la formalización de 3,855 contratos para el suministro de alimentos destinados a programas estatales.
Los indicadores también muestran altos niveles de competencia en las diferentes modalidades de contratación. Las licitaciones públicas nacionales registraron un promedio de 77 ofertas por proceso, mientras que los procedimientos de excepción alcanzaron 74 ofertas en promedio y las subastas inversas electrónicas contabilizaron 24 propuestas por convocatoria.
En cuanto a los tiempos de respuesta, la DGCP indicó que el promedio para adjudicar una licitación pública fue de 52 días, frente a 27 días en las subastas inversas y 17 días en procesos de excepción relacionados con situaciones de urgencia o emergencia.
Supervisión reforzó la transparencia de los recursos públicos
El organismo explicó que mantuvo labores de monitoreo sobre el 95 % de los recursos destinados a compras agroalimentarias, desarrollando observaciones técnicas en el 63 % del monto supervisado.
Estas acciones representaron una vigilancia activa sobre recursos superiores a RD$215,987 millones, con el propósito de garantizar que las adquisiciones se realizaran bajo criterios de transparencia, eficiencia e integridad.
Carlos Pimentel sostuvo que las compras públicas agroalimentarias trascienden el simple abastecimiento institucional, ya que también generan mercados estables para los productores nacionales, fortalecen las cadenas de valor agrícolas, dinamizan las economías locales y amplían las oportunidades de participación para mujeres y pequeñas empresas.
El funcionario reiteró que la DGCP continuará promoviendo un sistema de contrataciones que utilice el poder de compra del Estado como una herramienta para impulsar el desarrollo económico, garantizar la seguridad alimentaria y consolidar políticas públicas orientadas al bienestar de la población.
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