Contraloría refuerza control en pagos a terceros con nuevas normas sobre factoring

Contraloría

La Contraloría General de la República emitió una nueva circular dirigida a las instituciones públicas, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control en los procesos de pago relacionados con cesiones de crédito.

La disposición, firmada por el contralor Geraldo Espinosa, establece criterios más estrictos para garantizar la legalidad, trazabilidad y correcta identificación de los actores involucrados en este tipo de operaciones financieras.

Entre las medidas adoptadas, se advierte que serán rechazados los expedientes que no cumplan con los requisitos establecidos para gestionar pagos a terceros en contratos de obras, bienes y servicios, cuando los proveedores hayan transferido sus derechos de cobro.

Contraloría regula pagos a terceros y factoring

El documento  de la Contraloría instruye a las instituciones a verificar que el cesionario —es decir, quien recibe el derecho de cobro— esté debidamente registrado ante la Tesorería Nacional y en el Sistema de Información de la Gestión Financiera, como condición indispensable para autorizar pagos.

En caso de que el beneficiario no esté inscrito, las entidades deberán gestionar su registro conforme a la normativa vigente antes de proceder con cualquier desembolso.

Asimismo, la circular establece que los pagos deberán registrarse inicialmente a nombre del proveedor original, aplicando los impuestos y retenciones correspondientes, mientras que los montos cedidos se reflejarán a favor del cesionario como beneficiario deductor.

Transparencia y control en las finanzas públicas

Para los ayuntamientos y entidades que no operan dentro del Sigef, la Contraloría recomendó adaptar estos lineamientos en sus sistemas internos, con el fin de garantizar la coherencia en los registros financieros.

El organismo reiteró que continuará fortaleciendo los mecanismos de supervisión como parte de una estrategia orientada a mejorar el control interno y la transparencia en las instituciones del Estado.

Estas medidas buscan asegurar una gestión más eficiente y confiable de los recursos públicos, en línea con las buenas prácticas de administración financiera.

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