El Gobierno dominicano presentó un balance positivo de su agenda reciente, destacando avances en materia económica, acciones inmediatas frente a fenómenos climáticos y nuevas disposiciones orientadas al fortalecimiento institucional.
Durante el resumen semanal ofrecido por el director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Félix Reyna, se resaltó el crecimiento sostenido de sectores clave, así como iniciativas destinadas a mejorar la organización de actividades productivas y reforzar la transparencia en la economía dominicana.
Exportaciones impulsan la economía dominicana
Uno de los principales indicadores de la economía presentados corresponde al comportamiento de las exportaciones, que alcanzaron en marzo de 2026 un total de 1,448.6 millones de dólares, marcando el mejor desempeño histórico en la economía para ese mes.
Esta cifra representa un incremento interanual de 20.7 %, equivalente a 248.9 millones de dólares adicionales en comparación con el mismo período de 2025.
El crecimiento de la economía estuvo liderado por las exportaciones de oro en bruto, seguidas por productos como disyuntores, tabaco e instrumentos médicos, que también contribuyeron de manera significativa.
Las zonas francas mantuvieron su rol predominante en el comercio exterior, concentrando más de la mitad de las exportaciones con 841.2 millones de dólares. Por su parte, el Régimen Nacional mostró un aumento considerable, consolidando su participación en el total exportado.
A nivel territorial, las provincias con mayor actividad exportadora fueron Santo Domingo, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Santiago y el Distrito Nacional.
En el acumulado del primer trimestre del año, las exportaciones sumaron 3,736.9 millones de dólares, reflejando un crecimiento de 18.3 % respecto al mismo período del año anterior.
De acuerdo con proyecciones internacionales, la República Dominicana se posiciona como líder en crecimiento económico en América Latina y el Caribe para 2026.
Medidas para la formalización del sector de juegos
En el ámbito institucional, el Poder Ejecutivo dispuso la reactivación del Plan Nacional de Regularización de bancas de lotería y otros operadores de juegos de azar, mediante el Decreto 197-26.
Esta iniciativa busca completar el proceso de ordenamiento del sector, asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes y fortaleciendo la supervisión estatal.
Como parte de las nuevas disposiciones, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) tendrá un rol más activo en la verificación del cumplimiento tributario, así como en la incorporación de operadores al sistema fiscal.
Además, se establecieron ajustes en la estructura del consejo encargado de dar seguimiento al plan, incorporando a actores clave de la industria y entidades reguladoras.
Respuesta gubernamental ante emergencias por lluvias
En paralelo, las autoridades han intensificado su intervención en las zonas afectadas por las lluvias recientes, provocadas por una vaguada que ha impactado varias regiones del país.
Mediante el Decreto 234-26, el presidente Luis Abinader declaró el estado de emergencia en cinco provincias y el Distrito Nacional, debido a los daños registrados en viviendas, agricultura e infraestructuras.
El Gobierno ha mantenido un monitoreo constante de la situación, priorizando la protección de vidas, la asistencia a las familias afectadas y la recuperación de los servicios esenciales.
Como parte de estas acciones, el mandatario realizó recorridos en comunidades impactadas, supervisando directamente las labores de respuesta y la entrega de ayudas.
Dentro de las medidas de apoyo social, se anunció la activación del Bono de Emergencia a través del programa Supérate, dirigido a aproximadamente 10,000 familias afectadas por las inundaciones.
El subsidio contempla un aporte de 7,000 pesos por hogar en varias provincias, incluyendo Espaillat, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Valverde, Santiago, el Distrito Nacional y Santo Domingo.
Estas iniciativas se ejecutan en coordinación con el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), como parte de la estrategia gubernamental para atender a los sectores más vulnerables frente a eventos climáticos.
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