El presidente de la República comenzó a dar las señales de cuáles son las estrategias de Gobierno con las que buscará “enfrentar la corrupción del pasado” y cerrar las puertas para que no ocurra en el presente en su administración.
En un acto celebrado en el Palacio Nacional en compañía del contralor general de la República, Luis Rafael Delgado Sánchez, y la directora de Ética Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, el presidente Luis Abinader anunció el inicio de las auditorías a la administración del expresidente Danilo Medina, para así saber en qué condiciones encontraron el Estado e hizo de conocimiento público la circular de comportamiento que deben obligatoriamente cumplir los funcionarios del Gobierno.
Debido a la gran cantidad de instituciones que integran el Estado, los ministerios de Educación, Salud, Obras Públicas y otros que manejan grandes presupuestos, serán las primeras en ser auditadas por la Contraloría General o firmas auditoras privadas que serán contratadas mediante licitación, para lo cual el primer mandatario garantizó que se tendrá el presupuesto necesario para cumplir con la disposición.
“Para el control de los recursos del Gobierno debe haber disponibles recursos”, enfatizó el presidente Abinader al destacar que en su administración “se va a aplicar la ley”.
El jefe del Estado advirtió que en los casos en donde se determine que hubo actos de corrupción o actos ilegales sancionados penalmente por las leyes, se procederá a someter a la justicia a través de la Procuraduría General de la República, órgano que reiteró es independiente de disposiciones políticas.
“Hay muchas instituciones públicas que están incumpliendo la ley y lo que nosotros debemos y nuestro deber es cumplir estrictamente la ley. Y si alguno de esas personas cometieron actos de corrupción o ilegales, serán sometidos a la acción de la justicia con una procuraduría que ustedes saben que es totalmente independiente a las disposiciones políticas”, refirió Abinader al preguntarle sobre las más de seis mil personas que tienen más de un empleo en la Administración Pública, según se ha denunciado.
Abinader explicó, además, que las auditorías no serán realizadas por la Cámara de Cuentas, debido a que la Contraloría, como órgano de control interno tiene la responsabilidad primero y luego la Cámara deberá confirmar, rechazar o modificar lo que haya hecho.
“La Contraloría es el organismo interno del Gobierno y tiene que hacer, incluso, primero una auditoría y después hacerlo la Cámara de Cuentas. O sea, que está perfectamente bajo la ley hacer las auditorías del Gobierno y tiene que hacer primero una auditoría y después hacerlo la Cámara de Cuentas”, expresó el mandatario.
La directora de ética gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, junto al presidente advirtieron a todos los funcionarios del Estado que no tolerarán actos de corrupción ni soborno en la administración pública.
Al establecer que de manera obligatoria todo empleado o servidor público: de libre nombramiento y remoción, carrera, estatuto simplificado y temporales, debe cumplir con lo establecido en el artículo 48 de la ley de Función Pública.
“Quiero resaltar que está estrictamente prohibido aceptar regalos, ya sea efectivo o en naturaleza a todos los funcionarios públicos: de cualquier persona, de cualquier institución, de cualquier compañía. Eso está estrictamente prohibido”, puntualizó.
Abinader declaró que las auditorías que se inician en las instituciones públicas servirán para determinar el mérito o no de denuncias como la del director de Presupuesto, José Rijo Presbot, quien dijo que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones durante la administración de Danilo Medina realizó pagos por 21,500 millones de pesos sin estar presupuestados.
Al ser cuestionado sobre el seguimiento en ese particular, Luis Abinader respondió: “Por eso es necesario las auditorías de la Contraloría, para determinar el mérito o no de estos expedientes. Para que, si fuese necesario, llevarlos a la justicia”.
Previamente, el consultor jurídico, Antoliano Peralta explicó que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo tiene dentro de su misión dar opiniones a los ministros y funcionarios que así lo soliciten y que es a la Procuraduría que le corresponde determinar si existe méritos para iniciar una acción judicial con el expediente presentado por Rijo Presbot.
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