La Dirección General de Migración y el Servicio Nacional de Salud (SNS) sostuvieron un encuentro de trabajo en Santo Domingo para evaluar el cumplimiento y avance del protocolo hospitalario implementado desde abril del año pasado.
El director general de Migración, el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, y el director ejecutivo del SNS, el doctor Julio César Landrón, encabezaron la reunión en la que se revisaron los procedimientos establecidos para la atención de pacientes inmigrantes en centros de salud públicos.
Durante el diálogo, ambas entidades analizaron mecanismos de coordinación interinstitucional orientados a garantizar que toda persona extranjera que acuda a hospitales del sistema público reciba asistencia médica sin restricciones, al tiempo que se aplican los controles migratorios correspondientes en los casos de estatus irregular.
Las autoridades reiteraron que estas acciones responden a los lineamientos definidos en el protocolo firmado entre ambas instituciones, así como a las normativas del sistema de salud pública nacional.
Migración y protocolo hospitalario en centros de salud
En el encuentro también se abordaron aspectos operativos relacionados con la atención médica, el seguimiento de pacientes y los tiempos establecidos para el alta hospitalaria, especialmente en el caso de mujeres en proceso de parto.
Se recordó que el protocolo vigente establece un período de internamiento de hasta 72 horas para partos normales y de siete días en casos de cesáreas, medidas que buscan asegurar una recuperación adecuada de las pacientes.
Asimismo, se evaluó el cumplimiento de estos plazos y la eficiencia en la gestión de los casos dentro de los centros hospitalarios.
Coordinación institucional y medidas gubernamentales
La reunión forma parte de una agenda de trabajo enfocada en fortalecer la colaboración entre Migración y el SNS en temas de interés común, especialmente aquellos vinculados a la salud pública y el control migratorio.
Estas acciones se desarrollan en cumplimiento de las disposiciones emitidas por el presidente Luis Abinader en abril de 2025, orientadas a mejorar la gestión de los servicios públicos y la regulación migratoria en el país.
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