Santo Domingo, RD.- La cibercriminalidad representa un desafío cada vez mayor para los sistemas de justicia, las instituciones y la ciudadanía, debido a la evolución de las herramientas tecnológicas utilizadas para cometer delitos y a la facilidad con que determinadas actividades ilícitas pueden trascender las fronteras nacionales.
El tema fue analizado durante el panel internacional “Cibercriminalidad y sociedad: desafíos contemporáneos”, organizado por la Universidad APEC (Unapec) junto con el Observatorio Global de Ciencias Jurídicas y Cambio Global para el Desarrollo, encuentro que reunió a juristas, autoridades y especialistas de varios países.
Durante la jornada, los participantes coincidieron en que el crecimiento de los delitos digitales requiere una respuesta que combine actualización legislativa, educación ciudadana, prevención, formación especializada, inversión tecnológica y cooperación entre los países.
La vicerrectora Académica de Unapec, doctora Elsa María Moquete, señaló durante las palabras de bienvenida que la transformación digital ha generado importantes oportunidades para la sociedad, pero también nuevas modalidades delictivas capaces de afectar a personas, empresas, instituciones y gobiernos.
Moquete advirtió que estos riesgos comprometen aspectos como la privacidad de los datos, la seguridad y los derechos fundamentales, por lo que consideró necesario fortalecer las instituciones y los mecanismos de cooperación internacional destinados a enfrentar los delitos informáticos.
Cibercriminalidad y uso de inteligencia artificial
La exjueza emérita de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana, doctora Esther Angelán Casasnovas, llamó la atención sobre la relación entre la cibercriminalidad y la desinformación que circula en los entornos digitales.
La especialista explicó que las nuevas tecnologías han facilitado prácticas como la suplantación de identidad y la creación de perfiles falsos, mientras que las herramientas de inteligencia artificial permiten generar imágenes, audios y voces capaces de presentar como reales contenidos manipulados.
A su juicio, esta situación adquiere especial relevancia durante los procesos electorales, debido a que la difusión de material falso puede influir en la percepción de los ciudadanos y afectar sus decisiones.
Ante esta realidad, Angelán Casasnovas planteó la necesidad de contar con una legislación integral sobre ciberseguridad que establezca reglas claras para la protección, administración y utilización responsable de los datos tanto en el sector público como en el privado.
Prevención y educación frente a los delitos digitales
El general retirado Claudio Miguel Antonio Peguero Castillo, asesor en Asuntos Cibernéticos del Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano, puso el énfasis en la educación como una de las principales herramientas para reducir la cantidad de personas afectadas por delitos digitales.
Peguero Castillo explicó que amenazas como el phishing, las estafas mediante WhatsApp y el robo o secuestro de cuentas continúan afectando a usuarios que, en muchos casos, desconocen las técnicas de ingeniería social empleadas por los delincuentes.
Estas estrategias buscan manipular a las víctimas para obtener contraseñas, información personal, datos bancarios u otros elementos que posteriormente pueden ser utilizados con fines fraudulentos.
El especialista también consideró necesario continuar fortaleciendo las unidades especializadas de la Policía Nacional y el Ministerio Público, así como actualizar las normas existentes y mejorar la preparación de jueces, fiscales e investigadores en materia de delitos informáticos y manejo de evidencia digital.
La formación especializada, sostuvo, resulta fundamental para que las instituciones puedan responder a modalidades delictivas que cambian con rapidez y que requieren conocimientos técnicos para su investigación.
Cooperación internacional ante redes criminales
La dimensión internacional de la cibercriminalidad fue otro de los aspectos destacados durante el panel. Keren Riquelme Cabrera, directora de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico, planteó la necesidad de ampliar la colaboración entre los países de la región.
Riquelme Cabrera propuso incrementar el intercambio de inteligencia, información estratégica y experiencias entre las naciones para enfrentar redes criminales que utilizan las tecnologías digitales para operar desde distintos territorios.
La especialista consideró que los gobiernos, las universidades y los sistemas de justicia deben establecer alianzas que permitan desarrollar respuestas comunes ante organizaciones delictivas cuya capacidad de acción supera las fronteras.
En esa misma línea, la magistrada de la Corte de Apelación de Guatemala, Elia Perdomo, explicó que las investigaciones relacionadas con delitos digitales enfrentan obstáculos como el anonimato de los responsables, la rápida modificación o desaparición de información y el uso de infraestructuras tecnológicas ubicadas en diferentes países.
Estos factores pueden dificultar la identificación de los responsables y la obtención de pruebas necesarias para los procesos judiciales.
Perdomo también expresó preocupación por el uso de plataformas y herramientas digitales para facilitar delitos relacionados con la trata de personas, especialmente aquellos que involucran a niños. Como respuesta, planteó la creación de órganos jurisdiccionales especializados y una mayor inversión en capacidades tecnológicas.
Justicia necesita respuestas coordinadas
La magistrada Gladys Martínez, jueza de Garantías Penales de Ecuador, destacó la importancia de mejorar la coordinación entre policías, sistemas judiciales y gobiernos para enfrentar las nuevas modalidades delictivas.
Martínez consideró necesario disponer de canales confiables que permitan compartir información y coordinar operaciones entre instituciones de diferentes países, especialmente cuando una investigación involucra estructuras que actúan desde varias jurisdicciones.
La jueza también advirtió sobre la necesidad de garantizar la continuidad de las políticas públicas relacionadas con seguridad y justicia, debido a que los cambios de gobierno pueden afectar programas y estrategias previamente establecidos.
En ese sentido, defendió la creación de políticas de Estado de largo plazo que permitan mantener una respuesta sostenida frente a los desafíos de la criminalidad, independientemente de los cambios políticos.
Unapec reúne especialistas para analizar la cibercriminalidad
El encuentro contó además con la participación del doctor Jorge Corporán, presidente del Observatorio Global de Ciencias Jurídicas, y del doctor Jephté Lamy, presidente de Cambio Global para el Desarrollo, quienes resaltaron la importancia de crear espacios académicos donde puedan analizarse las transformaciones que experimenta la criminalidad como consecuencia del desarrollo tecnológico.
El panel fue moderado por el licenciado Alejandro Moscoso Segarra, decano de la Facultad de Humanidades de Unapec, quien estuvo a cargo de conducir las intervenciones y el intercambio de perspectivas entre los expertos.
Entre los asistentes también estuvieron Rosi Orozco, exdiputada de México y presidenta de la Fundación Unidos Contra la Trata de México; la doctora Leonor Farray, directora de Posgrado de Unapec; y la doctora Aurora Espinosa, abogada, conferencista internacional, catedrática universitaria e investigadora.
El panel permitió abordar la cibercriminalidad desde diferentes perspectivas, incluyendo sus implicaciones jurídicas, sociales, institucionales y tecnológicas.
Las conclusiones expuestas durante la actividad apuntaron a la necesidad de que la respuesta frente a los delitos digitales no dependa únicamente de nuevas herramientas tecnológicas. Los especialistas plantearon que también resulta indispensable contar con ciudadanos mejor preparados, instituciones con capacidades técnicas, normas actualizadas y mecanismos de cooperación capaces de responder a investigaciones que atraviesan diferentes jurisdicciones.
La discusión adquiere relevancia ante el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial y otras tecnologías que pueden ser utilizadas tanto para generar soluciones como para perfeccionar métodos de fraude, suplantación, manipulación de información y otras actividades ilícitas.
Con este tipo de encuentros, Unapec promueve el análisis académico de los cambios que enfrenta la sociedad y propicia el intercambio de conocimientos entre especialistas de distintos países para abordar una problemática que exige respuestas jurídicas, institucionales y sociales cada vez más coordinadas.
Be the first to comment