Las contrataciones públicas en República Dominicana entran en una nueva etapa tras la emisión de un reglamento que busca simplificar los procesos y facilitar el acceso al mercado estatal para empresas y ciudadanos.
La Dirección General de Contrataciones Públicas informó la aprobación del Reglamento Núm. DGCP-SNCP-01-2026, enfocado en modernizar el funcionamiento del Registro de Proveedores del Estado (RPE) y garantizar mayor seguridad jurídica.
El documento fue firmado por el director general Carlos Pimentel Florenzán, como parte de un conjunto de normativas que serán implementadas de forma gradual.
Menos burocracia y mayor eficiencia en el sistema
Esta nueva disposición responde al mandato establecido en la Ley Núm. 47-25 de Contrataciones Públicas y tiene como propósito transformar el RPE en una base de datos más eficiente, que además funcione como herramienta preventiva frente a inhabilidades dentro del sistema.
Uno de los cambios más relevantes es la implementación de la interoperabilidad entre instituciones públicas, lo que permitirá validar información de manera automática mediante la conexión con entidades como la Dirección General de Impuestos Internos y la Tesorería de la Seguridad Social.
Con este sistema, el Estado dejará de exigir documentos que ya reposan en sus bases de datos, reduciendo significativamente la carga administrativa para los proveedores.
Contrataciones facilitan acceso a pequeños proveedores
El reglamento introduce medidas para favorecer la participación de micro, pequeñas y medianas empresas, así como de productores y agricultores familiares, mediante requisitos más sencillos para su inscripción y actualización en el RPE.
También contempla condiciones especiales para personas físicas que alquilan inmuebles al Estado, ajustando los requisitos según características como ubicación y valor del arrendamiento.
Digitalización y transparencia en los procesos
Otra de las innovaciones es la validación de actividades comerciales en función de los registros de la DGII, lo que busca garantizar coherencia en la información de los proveedores y su participación en procesos acordes a su especialidad.
Además, se formaliza la inclusión de organizaciones como cooperativas, asociaciones sin fines de lucro, instituciones académicas y condominios, y se reconoce la validez legal de la firma digital en los trámites.
La entidad informó que la normativa entrará en vigor en un plazo de 90 días hábiles, con una implementación progresiva a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
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