De los contagiados, ya seis están libres de la enfermedad, dos dieron negativo a una primera prueba y están a espera de los resultados de una segunda y una doctora dio positiva a la primera prueba que determina si está libre o no del virus, por lo que aún está en aislamiento.
Entre los afectados hay residentes y médicos ayudantes, por lo que la mayoría del personal de la institución ha estado en cuarentena, provocando una merma en el trabajo del organismo encargado de realizar las autopsias clínicas, no vinculadas a hechos violentos.
Reclamos
Los contagios del personal del Instituto Nacional de Patología Forense Sergio Sarita Valdez estarían vinculados a fallecidos que inicialmente eran llevados al centro con sospecha de haber muerto de la enfermedad, lo que generó en algunas ocasiones protestas de parte de los especialistas, alegando que no contaban con la indumentaria de protección adecuada para ello. Consultado en la tarde de ayer en torno a que si en esa institución se le realizaban autopsias a fallecidos de COVID-19, su director, el doctor Santo Jiménez Páez, explicó que esas experticias no se contemplan dentro del protocolo de manejo de pacientes fallecidos por el virus.
Dijo que el instituto está apegado al protocolo de manejo que establece que a los fallecidos con diagnóstico de sospechosos, probables o confirmados de COVID-19 no se les hacen autopsias y que los cadáveres deben ser cremados o sepultados de inmediato, sin el ritual del velatorio acostumbrado. Señaló que por el momento hay factores que no les permiten hacer esas experticias, pero no entró en detalles.
Recientemente publicaciones de prensa daban cuenta del impasse generado entre instituciones debido a que había cadáveres acumulados en la morgue del hospital Francisco Moscoso Puello y otros centros asistenciales.
COMUNICACIÓN
Las autopsias que realizan
Aclaración.
Una comunicación enviada al Ministerio de Salud Pública por la dirección del Inacif destaca que su personal solo está autorizado a realizar autopsias médico legales, con el fin de descartar o confirmar la ocurrencia de hechos punibles.
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