Santo Domingo. – La Junta Central Electoral, máxima autoridad en la administración de procesos electorales en la República Dominicana, expresó su enérgico rechazo ante un controvertido incidente que tuvo lugar el 14 de enero de 2024 en las instalaciones del Décimo Tercer Batallón de Infantería del Ejército Nacional en Azua.
El incidente, ampliamente documentado por los medios de comunicación, consistió en la entrada de vehículos que transportaban propaganda política. La Junta Central Electoral considera este acto como una violación flagrante de las normativas establecidas, particularmente en lo que respecta al papel apartidista de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con el artículo 252 numeral 3 de la Constitución de la República.
La Ley No. 20-23, conocida como la Orgánica del Régimen Electoral, prohíbe expresamente a los miembros activos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, así como a los funcionarios y empleados de los organismos electorales, la difusión de propaganda electoral o cualquier otra actividad relacionada con campañas políticas.
La Junta Central Electoral enfatizó la importancia de que las Fuerzas Armadas se adhieran al orden constitucional y legal vigente, instando a estas instituciones a mantenerse al margen de la actividad política. Además, hizo un llamado a los líderes de partidos y movimientos políticos para que eviten cualquier tipo de injerencia política en cuarteles y otras instalaciones militares.
La entidad electoral también exhortó a las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas a prevenir la repetición de actos como este y pidió a los funcionarios designados por el Poder Ejecutivo, así como a las autoridades de elección popular, que se abstengan de utilizar los actos públicos y recursos estatales para favorecer a candidaturas políticas.
La Junta Central Electoral anunció su compromiso de mantenerse vigilante para preservar la integridad electoral y garantizar el respeto a las normas que rigen la campaña electoral en la República Dominicana.
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