SANTO DOMINGO.- La trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y el lavado de activos serán enfrentados mediante un nuevo mecanismo de cooperación entre República Dominicana y Chile, luego de que los ministerios públicos de ambos países firmaran un acuerdo para conformar un equipo conjunto de investigación contra el crimen organizado transnacional.
El convenio fue suscrito por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y el fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia Vásquez, quienes destacaron que la coordinación internacional resulta esencial para investigar y perseguir delitos que trascienden las fronteras nacionales.
Se trata del primer acuerdo firmado por República Dominicana para crear un equipo conjunto de investigación bajo el marco de la Convención de Palermo, instrumento internacional adoptado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para combatir la delincuencia organizada transnacional.
Trata y tráfico serán investigados de forma coordinada
El convenio también fue firmado por la titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), Yoanna Bejarán Álvarez, y por el fiscal regional metropolitano Centro Norte de Chile, Francisco Jacir Manterola.
El acuerdo permitirá integrar fiscales y cuerpos de investigación de ambos países para coordinar pesquisas relacionadas con trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, lavado de activos, delitos económicos, corrupción y otras manifestaciones del crimen organizado.
Además del intercambio de información, las autoridades trabajarán de manera conjunta en la obtención de pruebas, el seguimiento de procesos penales y la identificación de bienes vinculados a actividades ilícitas.
Ministerio Público destaca la cooperación internacional
Durante la firma del convenio, la procuradora Yeni Berenice Reynoso afirmó que el combate a la trata de personas constituye una prioridad dentro de la política de persecución del crimen organizado que desarrolla el Ministerio Público.
Explicó que este esfuerzo involucra la participación de diversas instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Migración, la Dirección Nacional de Inteligencia y el Ministerio de Defensa.
La magistrada recordó que la trata de personas representa una de las formas más graves de violación de los derechos humanos y que, por su naturaleza, suele estar vinculada con operaciones de lavado de activos destinadas a ocultar los beneficios económicos obtenidos por las organizaciones criminales.
Asimismo, resaltó que el objetivo principal de estas investigaciones no solo es obtener condenas judiciales, sino también proteger a las víctimas y garantizar el respeto de su dignidad.
Chile resalta beneficios del acuerdo bilateral
Por su parte, el fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia Vásquez, calificó el convenio como una herramienta práctica para fortalecer el trabajo coordinado entre ambos ministerios públicos.
Indicó que la creación de equipos conjuntos permitirá compartir experiencias, intercambiar estrategias de investigación y mejorar la respuesta frente a organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes.
Valencia Vásquez sostuvo que la colaboración contribuirá a reforzar la seguridad de ambos países y a ofrecer una respuesta más efectiva frente a delitos que afectan a la región.
Acuerdo tendrá vigencia inicial de un año
El convenio tendrá una duración inicial de un año y contempla la coordinación de investigaciones, el intercambio de información, la recolección de evidencias y la ejecución de acciones dirigidas a identificar y judicializar a los responsables de delitos transnacionales.
Entre sus objetivos también figura la protección de las personas migrantes víctimas de redes criminales, así como el fortalecimiento de la cooperación jurídica internacional para enfrentar estructuras delictivas que operan en distintos países.
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