Santo Domingo, RD.- Las mipymes necesitan una comunicación política que vaya más allá de los anuncios institucionales y permita a cada empresario identificar qué decisión del Estado respondió a una necesidad concreta y qué resultado produjo, planteó el director general del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), Fabricio Gómez Mazara.
Durante su participación en el XIX Congreso Internacional de Comunicación Política, el funcionario sostuvo que el reto de las instituciones públicas no consiste únicamente en comunicar sus acciones, sino en lograr que los ciudadanos puedan relacionar de manera clara una mejora en sus condiciones con una decisión específica de las autoridades.
Bajo el tema “Economía productiva, emprendimiento e inteligencia artificial: conectando políticas públicas, desarrollo territorial y comunicación”, Gómez Mazara explicó que las mipymes tienen una presencia constante en el discurso público, pero su peso económico todavía no se refleja de manera proporcional en su capacidad para incidir en las decisiones que determinan las políticas dirigidas al sector.
Mipymes tienen necesidades diferentes
De acuerdo con los datos presentados durante la exposición, las mipymes constituyen el 96 % del tejido productivo dominicano, generan más del 61 % de los empleos y representan el 32 % del producto interno bruto (PIB).
Sin embargo, Gómez Mazara señaló que esa importancia económica convive con dificultades para articular las demandas del sector y hacerlas llegar de forma organizada a los espacios donde se diseñan las políticas públicas.
El funcionario explicó que existe una comunicación desigual entre el Estado y las empresas. Mientras las instituciones cuentan con mecanismos para informar sobre financiamientos, capacitaciones, programas y compras públicas, las necesidades que parten de los empresarios hacia las autoridades suelen llegar de manera fragmentada.
Esta situación se relaciona, en parte, con la diversidad que caracteriza al sector. Las mipymes abarcan desde pequeños negocios informales dedicados a actividades de subsistencia hasta empresas formalizadas con capacidad de producción y expansión.
Por esa razón, Gómez Mazara consideró que no resulta adecuado construir una única narrativa para todo el sector, ya que las necesidades de los distintos segmentos pueden ser considerablemente diferentes.
El director de Promipyme identificó cuatro grupos que, desde su perspectiva, requieren respuestas diferenciadas: el microempresario informal, el microempresario formal, la pequeña empresa formal y la mediana empresa.
En el caso de los negocios informales, planteó que las políticas deben concentrarse en reducir las barreras de entrada y facilitar procesos graduales de formalización. Los micronegocios formalizados, en cambio, necesitan condiciones que favorezcan su permanencia, incluidos incentivos tributarios.
Las pequeñas empresas demandan mayores oportunidades de crédito, acceso a las compras públicas y posibilidades de crecimiento, mientras que las medianas enfrentan preocupaciones relacionadas con la competencia desleal, la protección productiva y el acceso a mercados internacionales.
Comunicación debe conectar demandas con resultados
Gómez Mazara también cuestionó la idea de que el uso de plataformas digitales sea suficiente para resolver los problemas de representación y consulta de las mipymes.
Citó datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples de 2022, según los cuales el 92.7 % de las operaciones de estas empresas se realizaba en efectivo. Asimismo, indicó que solo el 29.4 % tenía internet para el negocio, el 24.6 % utilizaba redes sociales, el 13 % contaba con correo electrónico y apenas el 8 % disponía de una página web.
A su juicio, esta realidad evidencia una brecha tecnológica que limita la capacidad de las instituciones para consultar de manera representativa a un universo empresarial amplio y diverso.
El funcionario consideró que esta dificultad debe entenderse como un problema estructural y no necesariamente como una falta de voluntad de las autoridades para escuchar al sector. El desafío, sostuvo, radica en construir mecanismos que permitan recopilar y procesar las demandas de manera representativa.
En ese sentido, planteó que generar información sobre las mipymes debe convertirse en una función permanente del Estado, comparable con la producción de estadísticas públicas.
Según explicó, entre 2023 y 2026 se ha desarrollado un nuevo ecosistema de información relacionado con inclusión financiera, educación financiera, demografía empresarial, microcrédito y condiciones de las empresas, lo que permite analizar con mayor continuidad las diferentes etapas del ciclo productivo.
Resultados concretos para las mipymes
Durante su intervención, Gómez Mazara presentó varias medidas como ejemplos de cómo una demanda puede transformarse en una decisión pública identificable.
Entre ellas mencionó cambios relacionados con el pago de anticipos, el Régimen Simplificado de Tributación y las gestiones realizadas ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
También destacó el aumento de la proporción del presupuesto destinado a compras públicas para proveedores mipymes, que pasó del 20 % al 30 %. De ese porcentaje, un 10 % está reservado exclusivamente para empresas lideradas por mujeres.
En materia financiera, informó que Promipyme cerró el período 2024-2025 con una cartera de RD$11,248 millones, lo que representó un crecimiento de 30.6 %. Al mismo tiempo, indicó que la cartera en riesgo con atrasos superiores a 30 días disminuyó del 16.5 % al 10 %.
El funcionario utilizó el programa “Tu firma es tu garantía” como ejemplo de la comunicación basada en resultados que propone.
La iniciativa parte de una situación específica: una microempresaria de San Juan que enfrentaba dificultades para obtener financiamiento por no contar con un garante. A partir de esa necesidad se identifica la respuesta institucional, se explica la medida adoptada para eliminar la barrera y finalmente se muestra un resultado cuantificable.
Según los datos presentados, el programa llegó a representar el 8.2 % de la cartera de Promipyme.
Para Gómez Mazara, este tipo de narrativa permite que los beneficiarios comprendan no solo qué hace el Gobierno, sino cómo una determinada política puede modificar una situación concreta.
Inteligencia artificial para escuchar al sector
La propuesta también contempla el uso de inteligencia artificial para mejorar la recopilación y análisis de información proveniente de las mipymes.
El funcionario planteó la creación de cadenas de información trazables que permitan identificar quién formuló una demanda, desde qué territorio surgió, qué instrumento público se generó a partir de ella, cuáles recursos fueron destinados y cuáles fueron los resultados obtenidos.
La inteligencia artificial podría utilizarse para procesar grandes cantidades de información, detectar patrones territoriales y orientar la asistencia técnica hacia las necesidades específicas de cada grupo.
No obstante, Gómez Mazara advirtió que el uso de estas herramientas debe estar acompañado de mecanismos estrictos para proteger los datos personales, especialmente cuando se trate de información relacionada con empresarios y sus negocios.
También propuso evaluar periódicamente las condiciones de las mipymes, adaptar la asistencia técnica a las diferentes etapas de sus ciclos productivos y explicar con mayor claridad los beneficios económicos que puede generar la formalización.
Congreso reúne especialistas en comunicación política
El planteamiento presentado por Gómez Mazara coloca el resultado como uno de los principales criterios para evaluar la comunicación dirigida a las mipymes.
Desde esta perspectiva, la eficacia de una estrategia no debería medirse únicamente por la cantidad de anuncios, publicaciones, actividades o campañas realizadas por las instituciones, sino por la posibilidad de que los empresarios puedan identificar la relación entre una necesidad, una decisión pública y un beneficio verificable.
El XIX Congreso Internacional de Comunicación Política se desarrolla este miércoles 19 y jueves 20 de agosto en Santo Domingo, bajo la organización de la Cumbre Mundial de Comunicación Política y con el patrocinio de Banreservas.
El encuentro reúne exposiciones sobre comunicación gubernamental, estrategias electorales, inteligencia artificial y manejo de crisis, entre otros temas vinculados con la comunicación política contemporánea.
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